Ana María Soto Gross
A pesar de su larga historia minera, las comunidades de Las Mercedes, La Altagracia y Aguas Negras, en Pedernales, continúan enfrentando condiciones económicas desfavorables. En estos territorios residen unas 1,929 personas, cuya realidad contrasta con la riqueza mineral de las montañas que las rodean.
Esta situación representa uno de los principales desafíos ante una posible nueva etapa de explotación minera en la zona, especialmente por el interés en desarrollar proyectos vinculados a las tierras raras y la necesidad de garantizar que sus beneficios lleguen a las comunidades.
Compromisos para proteger el agua
Como parte de las medidas para abordar las inquietudes de los residentes, el Consejo de Administración de la Empresa Minera Dominicana (Emidom) suscribió un acuerdo de siete puntos que contempla, entre otros aspectos, una gestión estricta de los recursos hídricos.
El ambientalista Luis Carvajal considera que la disponibilidad de agua debe ser uno de los primeros elementos que se evalúen antes de avanzar con cualquier proyecto de tierras raras, debido al déficit hídrico estructural que afecta a ese territorio.
El acuerdo establece que no se utilizará agua de ríos, arroyos ni otras fuentes superficiales de la zona para procesar los minerales. En su lugar, plantea la desalinización de agua de mar como alternativa para abastecer las operaciones.
Carvajal advierte, además, que algunos depósitos de tierras raras pueden estar asociados con materiales potencialmente radiactivos, por lo que entiende que es indispensable analizar detalladamente la composición del yacimiento y determinar los posibles riesgos para el ambiente y la población.
A su juicio, la evaluación del proyecto debe incluir tanto sus beneficios económicos como los costos ambientales y las dificultades técnicas para prevenir o reducir los daños. También alertó sobre las posibles implicaciones que una explotación minera podría tener para el desarrollo turístico de Pedernales.
Emidom defiende los resultados de sus estudios
Las preocupaciones ambientales contrastan con la posición de Miguel Ángel Díaz, vicepresidente ejecutivo de Emidom, quien sostiene que las investigaciones realizadas hasta el momento ofrecen resultados favorables sobre la composición del depósito mineral.
Según explicó, la empresa ha efectuado más de 5,000 análisis para identificar los elementos presentes en las formaciones estudiadas, incluidos aquellos que podrían representar riesgos ambientales.
Díaz indicó que los resultados han sido comparados con referencias internacionales, entre ellas depósitos de tierras raras ubicados en China y Estados Unidos, como parte del proceso de evaluación del potencial del yacimiento.
Desarrollo local y aceptación comunitaria
Otro de los desafíos del proyecto es garantizar que la actividad minera contribuya a mejorar las condiciones de vida de las comunidades cercanas.
En ese sentido, Emidom adoptó el estándar del Consejo Internacional de Minería y Metales, que contempla medidas orientadas a fortalecer la capacitación técnica, promover la participación de proveedores locales y priorizar la contratación de trabajadores dominicanos.
El objetivo es impulsar la generación de empleos y oportunidades económicas para los residentes, evitando que la riqueza extraída del territorio vuelva a desarrollarse sin producir mejoras sostenidas para su población.
Instituciones sólidas para garantizar la sostenibilidad
Desde el sector empresarial, Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, considera que cualquier iniciativa minera debe estar acompañada de instituciones con capacidad suficiente para supervisar las operaciones y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.
La eventual explotación de tierras raras en Pedernales plantea así un desafío que va más allá del potencial económico del subsuelo: conciliar la inversión y la generación de empleos con la protección del agua, la prevención de riesgos ambientales y el bienestar de las comunidades.
El futuro del proyecto dependerá, en buena medida, de que las evaluaciones técnicas, la fiscalización institucional y los compromisos sociales se traduzcan en garantías concretas para el territorio y sus habitantes.
