Ana María Soto Gross
El Ministerio de la Mujer defendió el proyecto de Ley Mirabal y llamó a promover una discusión informada sobre su contenido, al aclarar que la iniciativa no restringe la libertad religiosa ni modifica la definición del feminicidio, ante las críticas surgidas en torno a algunas de sus disposiciones.
La institución explicó que la propuesta busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres mediante acciones de prevención, protección, atención y reparación, así como mecanismos para detectar fallas institucionales que puedan poner en riesgo a las víctimas.
En relación con la libertad religiosa, señaló que el artículo 9, numeral 17, establece que ninguna creencia, tradición o costumbre debe utilizarse para justificar o minimizar la violencia contra las mujeres. Según el Ministerio, esta disposición no prohíbe las prácticas religiosas ni sanciona las convicciones personales, sino que procura impedir que sean utilizadas para obstaculizar la protección de las víctimas.
Sobre el feminicidio, indicó que el artículo 106 remite al Código Penal la sanción de ese delito y sus modalidades. Sostuvo que la propuesta busca reforzar la protección de las víctimas indirectas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes que quedan en situación de orfandad.
Entre las medidas contempladas figuran programas de atención para estos menores, asistencia legal gratuita en determinadas reclamaciones y mecanismos de revisión de los casos para identificar posibles fallas institucionales. También incluye disposiciones relacionadas con los derechos sucesorales y la protección de los bienes y de los hijos de las víctimas.
El organismo defendió, además, la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones institucionales, al considerar que permitiría identificar desigualdades de poder y estereotipos que contribuyen a la violencia, así como mejorar la evaluación de riesgos y la respuesta de las autoridades.
Respecto al artículo 91, explicó que la retractación de una víctima no supondría automáticamente el archivo de una investigación penal. La medida busca evitar que amenazas, dependencia económica o presiones familiares impidan la continuidad de los procesos, siempre bajo las garantías del debido proceso y con sustento en las pruebas.
El Ministerio también vinculó el proyecto con los artículos 39 y 42 de la Constitución dominicana, relativos a la igualdad y la integridad personal, al considerar que estos principios respaldan la adopción de medidas para prevenir la violencia y proteger a las mujeres.
Finalmente, destacó que la iniciativa recoge propuestas legislativas debatidas durante más de una década e incorpora medidas dirigidas a mujeres que enfrentan barreras económicas, sociales o territoriales, así como a niñas y adolescentes expuestas a uniones tempranas y forzadas.
