Ana María Soto Gross
El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, criticó las medidas de coerción impuestas a médicos investigados por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al considerar que la prisión preventiva resulta desproporcionada en casos donde, según afirmó, se atribuyen montos de hasta RD$10,000.
Peña Núñez sostuvo que debe respetarse la presunción de inocencia y advirtió sobre las consecuencias personales y profesionales que implica mantener a los investigados en prisión antes de que se establezca su responsabilidad penal.
El dirigente informó que el CMD remitió una comunicación al Ministerio Público y actualmente examina el expediente para conocer los detalles de las acusaciones y fijar una posición institucional.
CMD pide diferenciar faltas contractuales y delitos
El presidente del gremio también cuestionó que utilizar el código de prestador de otro médico se considere automáticamente una conducta delictiva. Explicó que algunos profesionales trabajan de manera conjunta y pueden gestionar el cobro de servicios mediante códigos registrados a nombre de otros colegas.
«Prestar el código no es un delito», afirmó, al señalar que una transferencia de dinero entre médicos no constituye, por sí sola, prueba de una infracción penal.
No obstante, reconoció que estas prácticas podrían contravenir contratos o disposiciones de las administradoras de riesgos de salud (ARS), por lo que consideró necesario distinguir entre posibles incumplimientos contractuales y acciones que impliquen responsabilidad penal.
Peña Núñez no descartó la existencia de irregularidades en el sistema, pero insistió en que cada caso debe evaluarse individualmente y con base en las pruebas disponibles.
Advierte sobre efectos en el ejercicio médico
El titular del CMD expresó preocupación por el impacto de estos procesos judiciales en el ejercicio de la medicina y advirtió que el temor a enfrentar demandas o sanciones podría llevar a algunos profesionales a practicar una medicina defensiva, tomando decisiones orientadas principalmente a evitar consecuencias legales.
Asimismo, cuestionó las iniciativas dirigidas a regular la prescripción de medicamentos, al considerar que una intervención excesiva podría limitar el criterio clínico de los médicos al indicar tratamientos.
Mientras el gremio continúa revisando el expediente, Peña Núñez reiteró su llamado a garantizar la presunción de inocencia de los profesionales investigados. La determinación de posibles responsabilidades penales corresponderá a las autoridades judiciales, conforme a las pruebas y al debido proceso.
