Edilaine Velazquez
A más de un mes del trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril, el número de acciones legales en contra de sus propietarios ha ascendido a 41, en medio de una creciente presión pública y judicial por justicia ante las 235 víctimas mortales y más de 180 heridos que dejó el siniestro.
Entre las víctimas se encontraba el icónico merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba la tradicional fiesta de los lunes en el momento del colapso.
Del total de acciones interpuestas ante la Fiscalía del Distrito Nacional, 17 corresponden a querellas con constitución en actor civil, mientras que otras 24 son denuncias, incluyendo una presentada por Massiel Javier Almonte, esposa del expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel quien también murió durante el derrumbe.
Dos de las denuncias están relacionadas con presuntos robos cometidos a víctimas durante o después de la tragedia.
Las querellas han sido dirigidas contra Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, y la empresa Inversiones E y L, propietaria del Jet Set. En ellas, las familias de los afectados reclaman indemnizaciones millonarias y solicitan al Ministerio Público que imponga prisión preventiva como medida de coerción a los imputados.
Algunas acciones también involucran al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, acusándolos de no cumplir con sus responsabilidades legales en materia de seguridad y supervisión del establecimiento.
Además, el productor Brian Saldaña quien perdió a su esposa en el hecho anunció una demanda colectiva en Estados Unidos, la cual será presentada a través del bufete Silva & Silva Attorneys and Counselors at Law.
Por otro lado, la hija de Rubby Pérez, Zulinka Pérez, informó que planea someter una demanda por separado, aunque hasta el momento no ha sido presentada formalmente.
Las acusaciones presentadas incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, basados en alegatos de fallos estructurales y la presencia de equipo pesado sobre el techo del local.
El Ministerio Público habría ordenado la inmovilización de los bienes del empresario Antonio Espaillat, aunque tanto él como su abogado, Jorge Luis Polanco, han desmentido esta información. Polanco, quien fue jefe del equipo de recuperación de bienes del Estado, renunció a ese cargo para asumir la defensa del empresario, aunque luego se anunció que fungiría únicamente como asesor legal, quedando la defensa principal en manos del abogado Miguel Valerio.
La tragedia, ocurrida a las 12:44 de la madrugada del 8 de abril, ha sumido al país en un profundo estado de duelo y ha generado una de las mayores movilizaciones judiciales en torno a un hecho de esta naturaleza en la historia reciente del país.
Ana María Soto Gross
