Edilaine Velazquez
La Procuraduría General de la República Dominicana incautó este miércoles el local donde funcionaba la discoteca Jet Set, a un día de que se cumpla un mes del colapso del techo del centro nocturno, que provocó 233 muertes.
El Ministerio Público, en presencia de abogados colocaron unos carteles en las paredes de la discoteca.
El área alrededor de la discoteca Jet Set se ha convertido en un improvisado memorial, con velas, fotografías de las víctimas y mensajes exigiendo justicia.
Familiares de los fallecidos y sobrevivientes tienen previsto realizar una misa en el lugar este jueves y posteriormente marchar hacia la Procuraduría General en reclamo de respuestas y responsabilidades por la tragedia.
La investigación busca determinar si hubo negligencia o fallas estructurales que contribuyeron al derrumbe.
Expertos nacionales e internacionales están colaborando en las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.
Mientras tanto, varias familias de las víctimas han presentado querellas legales en contra de los dueños de la discoteca, buscando tantas sanciones penales como compensaciones económicas por los daños sufridos.
La tragedia que conmocionó a República Dominicana y ha dejado al menos 233 muertos y más de 180 heridos, según cifras oficiales, el empresario Antonio Espaillat, quien es copropietario del lugar habló por primera vez públicamente sobre lo sucedido.
En una entrevista exclusiva con una periodista, Espaillat aseguró que desconoce las causas del colapso y afirmó que él mismo es “el primero que quiere saber qué pasó”.
El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Leonardo Reyes Madera, informó este miércoles que avanzan a buen ritmo los trabajos de ingeniería forense, para dar con las causas reales del colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde murieron unas 233 personas y varios resultaron heridos.
Reyes Madera, indicó que existen elementos suficientes para realizar una buena investigación, que será entregada a la Procuraduría General de la República en los próximos meses.
Ana María Soto Gross
