Isabel Ciprian
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, investigación relacionada con un supuesto entramado de corrupción que habría afectado fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Además, pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, informó que 10 de los 26 imputados admitieron los hechos que les atribuye el órgano persecutor. La audiencia fue aplazada para este jueves 24 de septiembre a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público presentó ante el tribunal un conjunto de 483 pruebas, entre documentales, materiales, procesales y periciales, con las que sustenta su solicitud de medida de coerción.
Según Ortiz, el caso no se limita a una afectación económica, sino que habría impactado el derecho a la salud de afiliados de SeNaSa mediante la generación de cargos por servicios médicos que, según la acusación, no habrían sido realizados.
La decisión sobre las medidas de coerción corresponde ahora al tribunal, que deberá conocer los argumentos del Ministerio Público y de las defensas de los imputados.
