Ana María Soto Gross
El expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, cuestionó la falta de una estructura fortalecida para investigar y perseguir el presunto uso de recursos públicos con fines electorales y puso como ejemplo las investigaciones relacionadas con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Surún Hernández se refirió a los señalamientos realizados por el Ministerio Público, según los cuales alrededor de 100 mil millones de pesos vinculados a Senasa habrían sido utilizados, de acuerdo con la investigación en curso, en beneficio de la campaña electoral de 2024.
Ante estas acusaciones, el jurista cuestionó que no se hayan producido apresamientos o sometimientos contra candidatos que pudieran estar vinculados al supuesto esquema y preguntó por qué, si existen investigaciones sobre un eventual uso de fondos estatales para favorecer actividades políticas, no se estarían produciendo actuaciones judiciales similares a las registradas en procesos anteriores.
Como referencia, Surún Hernández mencionó el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez y la denominada Operación Medusa, proceso judicial que involucró a funcionarios y particulares por acusaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.
El expresidente del CARD planteó la interrogante de por qué, ante denuncias de una naturaleza similar, no se estarían adoptando acciones contra figuras vinculadas al oficialismo.
“¿Hay algún candidato apresado?”, cuestionó Surún Hernández al referirse a las investigaciones relacionadas con Senasa.
El jurista también manifestó preocupación por la situación de la Procuraduría Especializada de Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, señalando que, según afirmó, permanece sin titular y con limitaciones para ejercer sus funciones de manera efectiva.
A su entender, la situación adquiere mayor relevancia debido a la proximidad de nuevos procesos electorales, por lo que el país debería contar con una instancia especializada y fortalecida que pueda investigar las denuncias relacionadas con el financiamiento ilegal de campañas, la compra de votos y el supuesto uso de recursos del Estado con fines políticos.
Surún Hernández recordó que, cuando el actual partido de gobierno se encontraba en la oposición, sus dirigentes reclamaban la designación de un fiscal especializado para perseguir los delitos electorales y cuestionaban al entonces Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el supuesto uso de recursos públicos con fines políticos.
Ahora, sostuvo, ese mismo estándar debe mantenerse independientemente de quién se encuentre en el poder.
“Si antes se reclamaba que había que perseguir el uso de los recursos del Estado para beneficiar candidaturas, ahora tiene que aplicarse exactamente el mismo criterio”, planteó el jurista.
Surún Hernández insistió en que cualquier denuncia relacionada con la utilización de fondos públicos para beneficiar campañas electorales debe ser investigada por las autoridades competentes y que, en caso de comprobarse responsabilidades, los involucrados deben ser sometidos a la justicia.
El expresidente del CARD consideró necesario fortalecer las instituciones encargadas de perseguir los delitos electorales para garantizar que las investigaciones puedan desarrollarse con independencia y que las denuncias sean procesadas sin importar el partido político o sector al que pertenezcan las personas señaladas.
