Isabel Ciprian
La violencia en las calles y carreteras de República Dominicana continúa dejando una dolorosa estela de víctimas. En lo que va de 2026, 1,001 personas han perdido la vida en siniestros viales, una cifra que vuelve a colocar la seguridad vial entre los principales desafíos que enfrenta el país.
El pasado fin de semana, tres nuevas muertes registradas en Santiago y Nagua volvieron a evidenciar la gravedad del problema y cómo los accidentes continúan ocurriendo con una frecuencia que enluta prácticamente a diario a familias dominicanas.
En Santiago, una mujer murió y un hombre quedó gravemente herido luego de que el vehículo en que viajaban se estrellara en la avenida Circunvalación Sur. Mientras que en Nagua, el impacto contra un poste del tendido eléctrico cobró la vida de un padre y su hijo adolescente, identificados como Jesús Manuel Santos Osoria, conocido como “Jesús Cariño”, y Emmanuel Santos Vázquez.
Estas víctimas se suman a una estadística que, lejos de detenerse, continúa creciendo.
Las motocicletas, protagonistas de más de la mitad de las muertes
Los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) muestran que las motocicletas tienen un peso considerable dentro de los fallecimientos registrados este año.
De las 1,001 personas fallecidas, 519 murieron en colisiones relacionadas con motocicletas, lo que representa el 51.8 % del total.
El registro también incluye 261 muertes por deslizamientos o volcaduras, mientras que 131 peatones perdieron la vida tras ser atropellados.
En cuanto a la distribución territorial, Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, Santiago y La Vega se encuentran entre las provincias con mayor número de fallecidos. Santiago, específicamente, acumula 78 víctimas en el registro consultado.
La elevada mortalidad provocada por los accidentes de tránsito no es una situación reciente. República Dominicana mantiene desde hace años un promedio histórico cercano a tres muertes diarias relacionadas con siniestros viales.
Operativos y planes frente a una realidad que persiste
Para enfrentar esta problemática, las autoridades han puesto en marcha diferentes campañas, controles y operativos. Entre las principales iniciativas figura el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, que establece como objetivo reducir al menos en un 50 % las muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes de tránsito.
Las acciones también han puesto especial atención en los motociclistas. A comienzos de septiembre, el Intrant y la Digesett anunciaron operativos para sancionar conductas como cruzar con el semáforo en rojo, realizar maniobras indebidas o conducir sin casco protector.
Sin embargo, el incremento de las víctimas mantiene abierta la discusión sobre la efectividad y el alcance de estas medidas, especialmente en los lugares donde se concentra la mayor cantidad de accidentes.
El reto no consiste únicamente en reaccionar cuando ocurre una tragedia, sino en prevenirla. Para ello resulta necesario identificar los puntos de mayor riesgo, controlar la velocidad, impedir que personas bajo los efectos del alcohol o que no estén en condiciones de conducir circulen por las vías, fortalecer la fiscalización de los motociclistas y atender las deficiencias de infraestructura.
A esto se suma la responsabilidad de los conductores, ya que las imprudencias y conductas peligrosas al volante también forman parte de los factores que deben ser enfrentados.
Detrás de las 1,001 muertes contabilizadas durante 2026 no hay solamente números. Hay familias que perdieron padres, madres, hijos, hermanos y amigos.
Para las autoridades puede tratarse de una estadística que crece con cada nuevo accidente, pero para quienes pierden a un ser querido en las carreteras, se trata de una ausencia que permanece mucho después de que termina el impacto.
