Ana María Soto Gross
La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom) demandó la protección de los derechos de los pacientes con cáncer, especialmente su seguridad, confidencialidad, libre elección y acceso oportuno a los tratamientos, ante prácticas administrativas y mecanismos de intermediación que, a su juicio, podrían afectar la continuidad de las terapias y la relación entre el paciente y su médico tratante.
El presidente de la entidad, doctor Miguel Monanci, expresó la preocupación de los especialistas por situaciones que estarían generando obstáculos para que los pacientes reciban de manera oportuna los tratamientos indicados.
“Estamos profundamente preocupados por todo lo que está ocurriendo y el entorpecimiento que ocasiona esta situación al tratamiento que requieren los pacientes con cáncer”, manifestó.
Sodom consideró que determinados modelos de gestión, acompañamiento e intermediación podrían afectar no solo el acceso a medicamentos, procedimientos y servicios oncológicos, sino también la confidencialidad de la información clínica y la autonomía del médico responsable de cada caso.
Ante esta realidad, la organización propuso un diálogo institucional en el que participen las autoridades regulatorias, sociedades médicas especializadas, prestadores de servicios, aseguradoras, representantes de los pacientes, compañías farmacéuticas y demás sectores vinculados al sistema sanitario.
El propósito de este acercamiento, explicó, debe ser la construcción de soluciones sostenibles que permitan ampliar el acceso a los servicios de salud, reducir las desigualdades, fortalecer la transparencia y garantizar que cada paciente con cáncer reciba el tratamiento que necesita, en el momento adecuado y bajo la supervisión del especialista correspondiente.
La entidad sostuvo que su posición parte de un principio fundamental: las personas con cáncer tienen derecho a recibir una atención digna, continua, segura, oportuna y sustentada en evidencia científica, sin que decisiones administrativas sustituyan el criterio clínico del oncólogo responsable.
De acuerdo con Sodom, la oncología moderna requiere decisiones individualizadas y sensibles al tiempo, debido a la complejidad de los tratamientos y a las características particulares de cada paciente. Por ello, advirtió que ningún actor del sistema debería asumir funciones que interfieran con la relación médico-paciente, retrasen terapias indicadas o condicionen el acceso a tratamientos por razones distintas a las necesidades clínicas.
La organización recordó que la Constitución de la República Dominicana reconoce la salud como un derecho fundamental, lo que obliga a los distintos actores del sistema sanitario a actuar con transparencia, buena fe y respeto a la dignidad humana, colocando el interés del paciente en el centro de sus actuaciones.
Asimismo, señaló que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece las funciones de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en materia de aseguramiento, administración del riesgo, contratación de redes y gestión de cobertura, pero no les atribuye la facultad de sustituir el acto médico especializado ni de asumir la dirección clínica del tratamiento individual de los pacientes.
Sodom reconoció la importancia de los programas de prevención, educación, orientación, navegación de pacientes y detección temprana, siempre que sean desarrollados de manera transparente, dentro de las normas vigentes y en coordinación con profesionales y centros debidamente habilitados.
Sin embargo, advirtió que estos programas, cuando son promovidos por una ARS, intermediario, gestor externo o entidad vinculada, no deben convertirse en instrumentos para dirigir indebidamente al paciente, restringir su acceso, sustituir al oncólogo tratante, ejercer presión sobre las decisiones terapéuticas o limitar la continuidad del tratamiento prescrito.
La sociedad médica enfatizó que las decisiones relacionadas con los tratamientos contra el cáncer no pueden reducirse a simples procesos de autorización administrativa. La indicación, modificación, suspensión, sustitución o canalización de una terapia debe responder a criterios clínicos y científicos, tomando en cuenta las guías reconocidas, las condiciones individuales del paciente, sus comorbilidades, perfil molecular, posibles efectos tóxicos, disponibilidad terapéutica, farmacovigilancia y el criterio del especialista.
Sodom alertó que cualquier modificación no consensuada de una prescripción oncológica puede poner en riesgo la eficacia y seguridad del tratamiento, además de afectar su continuidad y generar incertidumbre respecto a la responsabilidad clínica ante posibles complicaciones o resultados adversos.
Especial atención merece, según la organización, el manejo de medicamentos oncológicos orales de alto costo, debido a que estos tratamientos requieren mucho más que una simple dispensación farmacéutica.
