Ana María Soto Gross
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a seis personas vinculadas a una estructura criminal que, según el Ministerio Público, se dedicaba al tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de armas de fuego de alta potencia en zonas de Santiago, Licey al Medio y Moca.
Los sentenciados son Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán.
Cruz Almonte recibió la pena más alta, de 10 años de prisión, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago. Guaba Caraballo, Toribio Vázquez y Vásquez Peralta fueron condenados a seis años de prisión cada uno, mientras que Estrella López recibió cinco años de prisión suspendida bajo determinadas condiciones.
En el caso de Diplán Diplán, el tribunal impuso tres años de prisión suspendida, además del pago de 25 salarios mínimos del sector público. Los condenados también deberán pagar multas que oscilan entre 50 y 75 salarios mínimos. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 16 de octubre.
Así operaba la estructura
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la organización adquiría armas en Estados Unidos y posteriormente las enviaba a República Dominicana mediante compañías de transporte. Una vez en el país, el armamento era trasladado hacia distintos puntos de almacenamiento en Licey al Medio, Santiago y Moca para luego ser distribuido a otras organizaciones criminales.
Durante el proceso judicial, la fiscal Aida Medrano Gonell presentó detalles sobre el funcionamiento de la red y las funciones que, según la investigación, desempeñaba cada uno de sus integrantes.
Las autoridades ocuparon durante varios allanamientos 18 pistolas de alta potencia, principalmente Glock calibre 9 milímetros, tres revólveres y dos escopetas. También fueron incautados vehículos, equipos electrónicos y 700 mil pesos en efectivo.
Entre los objetos encontrados figuraron además varios tanques con caletas o compartimentos ocultos, que presuntamente eran utilizados para transportar las armas.
La investigación se extendió por más de un año e incluyó labores de vigilancia, seguimiento y recopilación de información sobre el supuesto método empleado para introducir y distribuir el armamento.
En el operativo participaron unidades especializadas de la Policía Nacional, incluyendo el equipo SWAT y la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), con cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
El Ministerio Público sostuvo que algunos de los procesados mantenían vínculos familiares y utilizaban viviendas propias y de sus padres como centros de almacenamiento.
Por este caso también fue procesado Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quien fue absuelto por el tribunal.
Los seis condenados fueron declarados responsables de violar disposiciones relacionadas con la asociación de malhechores y varios artículos de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Isabel Ciprian
