Isabel Ciprian
La Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido la primera querella en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, tras la tragedia ocurrida el pasado martes 8 de abril, cuando el techo de la discoteca colapsó, causando la muerte de dos personas e innumerables heridos. La querella fue presentada por los familiares de dos de las víctimas, Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauny Cedano, quienes, junto con otros afectados, buscan justicia y reparación por los daños sufridos.
En la instancia presentada en la Fiscalía del Distrito Nacional y en la Dirección de Persecución del Ministerio Público, se señala como responsables a los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, así como al Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN). La querella incluye también a los sobrevivientes Moisés Torres Pion y Crisyael Montilla, quienes padecen secuelas físicas y emocionales permanentes.
La querella fue depositada por Wendely Manely Ramírez Gómez (viuda de Aponte Cruz), Aide Dolores Aponte Moni y Dionys Rafael Cruz Rosario (padres de Aponte Cruz), quienes buscan una reparación por los daños materiales y morales sufridos. A través del abogado Félix Humberto Portes, los querellantes solicitan que los responsables, tanto los gerentes como las entidades públicas, sean condenados al pago de una indemnización que se determinará oportunamente. Asimismo, solicitan la prisión preventiva de los imputados, ante la gravedad de los hechos y la posibilidad de que se oculten pruebas clave.
El suceso ocurrió alrededor de las 12:45 de la madrugada del 8 de abril, cuando un grupo de jóvenes se encontraba en el interior de la discoteca, ubicada en la avenida Independencia número 2253, en el Distrito Nacional. De manera inesperada, el techo del local colapsó, causando la muerte de Cruz Aponte y Cedano, mientras que otros resultaron gravemente heridos. Los querellantes sostienen que el incidente fue el resultado de un manejo negligente de la infraestructura del establecimiento, que ya presentaba signos de deterioro, como filtraciones, fisuras en el techo y el mal manejo de las cargas sobre la estructura.
El documento de la querella detalla que la discoteca, con 52 años de antigüedad, nunca realizó las remodelaciones adecuadas ni cumplió con las normativas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los asistentes. Se señala que los propietarios del lugar, Espaillat López y Ana Grecia López, actuaron con temeridad al no fortalecer la estructura del edificio después de un incendio ocurrido en julio de 2023, así como por no garantizar la seguridad del público que acudía al centro de recreación.
Los querellantes también apuntan a la Alcaldía del Distrito Nacional, que al no cumplir con su deber de inspeccionar y garantizar la seguridad de los establecimientos, permitió que este tipo de tragedias ocurriera. La querella subraya que el Estado dominicano tiene responsabilidad civil en estos casos, debido a la omisión de sus funciones de fiscalización y supervisión de los locales abiertos al público.
En cuanto a los detalles de las víctimas, se indica que Virgilio Rafael Cruz Aponte murió a causa de un trauma craneoencefálico severo producto del impacto del colapso sobre su cabeza. Además, los querellantes exigen que se levante el velo corporativo de la sociedad comercial Inversiones E y L, S.R.L. —propietaria de la discoteca— para que se les pueda exigir una indemnización directa por los daños causados.
El abogado de la familia, Félix Portes, destacó que esta acción judicial tiene como objetivo sentar un precedente en la responsabilidad de los propietarios de centros de entretenimiento en garantizar condiciones de seguridad adecuadas, así como la responsabilidad del Estado en su rol de fiscalizador.
“Esta acción judicial busca sentar precedentes sobre la responsabilidad de los propietarios de centros de entretenimiento en garantizar condiciones adecuadas de seguridad, así como del Estado que repare daños por faltar en su rol de fiscalizador”, expresó el abogado Portes.
La querella marca el inicio de un proceso judicial que podría extenderse y que, además de buscar justicia para las víctimas, apunta a crear un entorno más seguro en los centros de recreación del país, evitando que tragedias similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
