Isabel Ciprian
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) dispuso la terminación de los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo), correspondientes a la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue emitida por la Segunda Sala del TSA mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026, y afecta los contratos firmados el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969, poniendo fin a una relación contractual de casi 70 años.
El proceso fue iniciado en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, luego de que fueran señalados varios incumplimientos atribuidos a Falcondo, relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales y la entrega de informes técnicos establecidos por la legislación minera.
Entre los elementos tomados en cuenta por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, situación certificada por la Dirección General de Minería. También se estableció que la empresa no había presentado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
El TSA consideró que estas faltas estaban vinculadas con obligaciones esenciales de la concesión, especialmente con la explotación efectiva de los recursos mineros otorgados por el Estado y el deber de mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones.
Concesión de más de 22,000 hectáreas
De acuerdo con la sentencia, la inactividad de Quisqueya I también tenía implicaciones para el interés general relacionado con el aprovechamiento de los recursos minerales del país. Por ello, el tribunal consideró que los incumplimientos comprobados tenían la gravedad suficiente para justificar la terminación de los contratos. La concesión abarca unas 22,392 hectáreas y su relación contractual con el Estado se remontaba a 1956.
El tribunal también rechazó los argumentos presentados por las empresas recurridas, que buscaban que la acción fuera declarada inadmisible.
Paralización dejó cientos de trabajadores desvinculados
La decisión judicial se produce después de la paralización de las operaciones de Falcondo en noviembre de 2023. Durante 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del Fonper. Posteriormente, otro grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 mantuvo reclamaciones laborales pendientes que, según sus representantes, rondan los RD$300 millones.
La suspensión de las operaciones también tuvo repercusiones en actividades económicas vinculadas a contratistas, suplidores y otros sectores relacionados con la empresa. La concesión llegó a generar más de mil empleos directos.
Reestructuración de Falcondo continúa
La terminación de las concesiones mineras es independiente del proceso de reestructuración mercantil que enfrenta Falcondo bajo la Ley 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.
Ese procedimiento fue iniciado a solicitud de acreedores que buscan que la empresa responda por sus obligaciones y pasivos pendientes y continuará ante la jurisdicción correspondiente.
En el proceso ante el TSA, el Estado dominicano estuvo representado por el Fonper y contó con la asistencia legal de los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León.
Ana María Soto Gross
