Isabel Ciprian
Moscú.– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó este martes una nueva legislación que establece el marco legal para la circulación y las operaciones con criptomonedas en el país, una normativa que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.
La ley, denominada «Divisas y Derechos Digitales», reconoce a las criptomonedas como bienes protegidos por la legislación rusa, permitiendo que sus propietarios cuenten con respaldo jurídico en caso de disputas y puedan realizar inversiones de forma legal.
La normativa regula las transacciones con activos digitales, incluyendo las compras realizadas por particulares a través de intermediarios, las operaciones en plataformas de intercambio y los depósitos de activos digitales.
Asimismo, establece que solo podrán prestar servicios relacionados con criptomonedas las entidades autorizadas, entre ellas corredores, gestores de activos, organizadores de operaciones y plataformas especializadas inscritas en el registro del Banco Central de Rusia. Para operar como plataforma de intercambio será necesario que las empresas cuenten con un capital superior a 15 millones de rublos, equivalente a unos 185 mil dólares, además de cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad monetaria.
Pese a reconocer legalmente estos activos, la nueva legislación mantiene la prohibición de utilizar criptomonedas como medio de pago dentro del territorio ruso. En consecuencia, no podrán emplearse para adquirir bienes o servicios, ni estará permitida la publicidad que promueva este tipo de transacciones.
No obstante, la ley contempla algunas excepciones, entre ellas las operaciones vinculadas al comercio exterior entre residentes y no residentes, las recompensas obtenidas por actividades de minería digital y la compra de acciones, otros activos digitales y diferentes monedas mediante criptomonedas. La gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúlina, ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo al uso de criptodivisas dentro de la economía nacional, posición que se mantiene pese a la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio.
Ana María Soto Gross
