Isabel Ciprian
El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Dirección General de Bienes Nacionales negaron tener participación en los desalojos denunciados por residentes del distrito municipal de La Caleta, quienes aseguran que varias familias han sido sacadas de sus viviendas durante la noche y la madrugada. Al ser consultado, el encargado de Comunicaciones de la institución descartó que funcionarios o miembros de esas entidades estén involucrados en las acciones denunciadas.
Comunitarios denuncian desalojos nocturnos
El presidente ejecutivo de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Alexis Peña, afirmó que, luego de varios reportajes publicados por Listín Diario, el director del CEA y Bienes Nacionales, Rafael Abrahán Burgos Gómez, se comprometió a respaldar a las familias afectadas y buscar soluciones a las necesidades de los residentes.
Según Peña, Burgos Gómez habría expresado su intención de garantizar un trato digno a los moradores de la zona, donde residen unas 90,000 personas. El dirigente comunitario, sin embargo, aclaró que los desalojos denunciados estarían siendo realizados por personas cuya identidad se desconoce, quienes supuestamente ingresan a las viviendas sin presentar documentos que justifiquen las acciones ni órdenes oficiales debidamente autorizadas.
Peña sostuvo que en algunos casos los grupos se presentan acompañados de equipos pesados durante horas de la noche o la madrugada, cuando las familias se encuentran descansando, situación que, según afirmó, ha generado temor entre los habitantes.
Exigen títulos de propiedad y protección de los terrenos
Codonbosco, junto a sus 32 organizaciones afiliadas y otras 42 agrupadas en el Consejo de Organizaciones Comunitarias de La Caleta (Codecot), mantiene un campamento en la calle marginal de Las Américas, en Santo Domingo Este, como parte de una protesta que se extiende por 12 días.
Los comunitarios reclaman al presidente Luis Abinader que declare de utilidad pública los terrenos estatales y que se otorguen títulos de propiedad a las familias que llevan más de cuatro décadas viviendo en esos espacios. Los residentes aseguran que el mandatario habría prometido entregar los títulos a las familias establecidas en terrenos propiedad del Estado dominicano, por lo que ahora exigen que ese compromiso sea cumplido.
Temen quedar incomunicados
Otra de las preocupaciones expresadas por los moradores está relacionada con las amenazas de una persona que reclama la propiedad de determinados terrenos y que, según denuncian, habría advertido sobre el posible cierre de algunas calles de uso público. Los comunitarios temen que esta situación provoque el aislamiento de las familias y dificulte el acceso a la zona donde han vivido durante años. Por ello, solicitan la intervención de las autoridades para evitar posibles enfrentamientos y garantizar la seguridad de los residentes.
