Ana María Soto Gross
La reforma a la Ley de la Policía Nacional, cuyo análisis tomó cerca de siete meses en el Senado de la República, podría avanzar con mayor rapidez en la Cámara de Diputados, luego de que los legisladores acordaran un plazo de una semana para estudiar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
Durante la sesión de este miércoles, los diputados decidieron remitir el proyecto a una comisión permanente para su evaluación, estableciendo como fecha límite el próximo martes para que sea presentado el informe correspondiente. Con este calendario, la Cámara Baja busca aprobar la pieza antes del cierre de la legislatura, previsto para el 26 de julio.
La iniciativa forma parte del proceso de transformación policial impulsado por el Gobierno desde diciembre de 2025 y recibió mayor atención luego de la muerte del joven Darlin Mercado, quien falleció durante una intervención policial en Herrera, un hecho que generó reclamos de distintos sectores para fortalecer los controles dentro de la institución del orden.
De completarse su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma policial sería conocida en el Congreso junto a otros proyectos de gran relevancia, como las modificaciones al Código Penal, que actualmente concentran gran parte del debate legislativo.
Entre los principales cambios que plantea la nueva normativa se encuentra un régimen disciplinario más estricto para los agentes que incurran en abusos de autoridad, faltas éticas o violaciones a los procedimientos establecidos. Las sanciones contempladas no solo serían administrativas, sino que también podrían afectar los ingresos y la carrera profesional de los policías involucrados.
El proyecto establece que los agentes que cometan infracciones graves o leves podrían enfrentar reducciones salariales y la suspensión de ascensos, con el propósito de fortalecer la responsabilidad y el cumplimiento de las normas dentro de la Policía Nacional.
Además, la iniciativa define las conductas consideradas abusivas durante las actuaciones policiales y establece que el uso de la fuerza debe aplicarse bajo criterios de proporcionalidad. Cualquier exceso en el ejercicio de la autoridad podría constituir una falta sancionable.
Otro de los aspectos modificados está relacionado con los registros personales realizados por los agentes. La propuesta aprobada por el Senado incorpora restricciones específicas para evitar abusos durante estas intervenciones, prohibiendo prácticas como los tocamientos indebidos en zonas íntimas o exigir a los ciudadanos desnudarse durante una revisión superficial.
La reforma también introduce cambios en la estructura de ingreso a la institución policial. Uno de los puntos aprobados elimina la incorporación de nuevos miembros bajo la categoría de “rasos”, estableciendo que los aspirantes que completen su formación ingresen directamente con el rango de agente patrullero.
Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto sin modificaciones, la iniciativa será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, completando así una de las reformas consideradas clave dentro del proceso de modernización de la Policía Nacional.
Isabel Ciprian
