Isabel Ciprian
Más de 2,2 millones de niños menores de cinco años y alrededor de 1,3 millones de mujeres embarazadas o en período de lactancia padecen desnutrición aguda en Yemen, una situación que ha llevado a Unicef y al Gobierno yemení a solicitar una respuesta internacional urgente.
En un comunicado conjunto, ambas instituciones advirtieron que, de no reforzarse las acciones de asistencia, el país corre el riesgo de perder toda una generación debido a las graves consecuencias que la malnutrición puede tener sobre el desarrollo físico y cognitivo de los menores.
El documento, denominado «Llamado a la Acción», fue suscrito por la ministra de Planificación y Cooperación Internacional de Yemen, Afrah al Zoubah, y el representante de Unicef en el país, Peter Hawkins. En él se destaca que la desnutrición es una crisis que puede prevenirse, pero cuyos efectos pueden prolongarse durante toda la vida.
Asimismo, se insta a las autoridades, organismos internacionales, donantes y organizaciones de la sociedad civil a acelerar la ejecución del Plan de Acción Multisectorial de Nutrición (MSNAP) 2025-2030, con el objetivo de fortalecer la atención nutricional y reducir los elevados índices de malnutrición.
El informe recuerda que los primeros mil días de vida, desde el embarazo hasta los dos años de edad, son determinantes para el desarrollo infantil. En Yemen, casi la mitad de los niños presenta retraso en el crecimiento, una condición que puede afectar de forma permanente su desarrollo físico e intelectual.
El plan contempla un enfoque integral que combina servicios de salud, agricultura, educación, agua potable, saneamiento, seguridad alimentaria y protección social, con el fin de abordar las causas de la desnutrición desde distintos frentes.
La advertencia llega en medio de una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Tras más de diez años de conflicto, Yemen enfrenta el colapso de su economía y de los servicios básicos, mientras millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para acceder a alimentos, agua potable y atención médica.
Ana María Soto Gross
