Isabel Ciprian
Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este lunes que el Ministerio Público lleva a cabo una investigación sobre el caso ocurrido en La Vega, donde un agente policial abatió a Marky Abraham García Gil, conocido como “Maiky”. Aseguró además que el Gobierno actuará con apego a la transparencia y el debido proceso.
Tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, Raful subrayó que las autoridades no están para proteger irregularidades ni para otorgar privilegios.
“El Ministerio Público ya está realizando la investigación correspondiente. No estamos aquí para garantizar impunidad, sino transparencia”, expresó.
La funcionaria explicó que tanto los organismos internos de la Policía Nacional como el Ministerio Público están a cargo de esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en la comunidad de El Hatico, en La Vega. Indicó que la reforma policial continúa enfocada en el fortalecimiento de los protocolos y mecanismos de control, con el objetivo de asegurar actuaciones ajustadas a la ley.
Asimismo, reiteró que cada institución involucrada debe cumplir su rol para garantizar el esclarecimiento del caso conforme avancen las investigaciones.
Autoridades destacan reducción de homicidios y robos
Durante su intervención, Raful también resaltó los resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta, señalando una disminución sostenida en los indicadores de criminalidad gracias a las intervenciones focalizadas.
Indicó que la tasa acumulada de homicidios se sitúa en 7.05 por cada 100 mil habitantes, considerada la más baja en los últimos años para este período. Agregó que la mayoría de las demarcaciones del país registran tasas de un solo dígito.
En cuanto a los robos, informó que las denuncias continúan a la baja, con 1,915 casos registrados, lo que representa una reducción frente a períodos anteriores.
Finalmente, destacó que la seguridad vial forma parte de la estrategia integral del Gobierno, con operativos conjuntos entre el Ministerio de Interior y Policía, el Intrant, la Digesett y los ayuntamientos para reforzar el cumplimiento de la Ley de Tránsito y mejorar el orden en las vías públicas.
