Isabel Ciprian
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que durante el último año fiscalizó a más de 834 mil motociclistas en todo el territorio nacional por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
En total, la institución registró 834,113 conductores de motocicletas sometidos a control, mientras que 81,107 motocicletas fueron retenidas por incumplir la normativa vigente, como parte de los operativos para mejorar la seguridad vial en 2025.
Las autoridades explicaron que las infracciones más comunes incluyen la falta de uso del casco protector, circular por aceras, túneles y elevados, conducir sin luces, ausencia de documentación y participación en carreras ilegales. Estas conductas, señalaron, representan un alto riesgo de accidentes en las vías públicas.
La DIGESETT indicó que los motociclistas continúan siendo uno de los grupos más vulnerables en los siniestros de tránsito, por lo que los operativos se enfocan principalmente en la prevención de lesiones y muertes en las carreteras.
El informe también advierte sobre un incremento de conflictos en la vía pública protagonizados por motoristas, en algunos casos relacionados con incidentes de tránsito que escalan a agresiones o actos de violencia colectiva.
En distintas ocasiones se han difundido en redes sociales videos donde grupos de motociclistas persiguen o agreden a conductores tras accidentes, lo que ha generado preocupación por el deterioro de la convivencia vial.
Uno de los casos más recientes ocurrió en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde un conductor de camión recolector de desechos fue asesinado tras ser perseguido por una turba de motoristas luego de un accidente. Por este hecho, siete personas fueron enviadas a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Finalmente, la DIGESETT reiteró su llamado a todos los conductores, especialmente a los motociclistas, a respetar las leyes de tránsito y evitar conductas violentas, con el objetivo de garantizar una movilidad más segura en el país.
Ana María Soto Gross
