Isabel Ciprian
El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó la imposición de medidas de coerción y que se declare como complejo el proceso judicial contra siete ciudadanos dominicanos, acusados de integrar una red dedicada al contrabando de equipos electrónicos.
La acción fue presentada a través de la Unidad Especializada Contra el Contrabando y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que dirige la procuradora Aracelis Peralta Franco, junto a los magistrados Taipey Joa Saad y Angie Castro, ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.
Según la investigación, los imputados enfrentan cargos por defraudación aduanera, contrabando, evasión de impuestos, incumplimiento del pago del Impuesto Selectivo al Consumo y asociación de malhechores. Uno de los acusados también está señalado por posesión ilegal de arma de fuego.
El caso se originó tras un operativo realizado el 20 de abril por agentes de la Dirección de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional de la República Dominicana, quienes sorprendieron al grupo mientras trasladaban más de 500 televisores marca TCL desde un furgón hacia varios camiones en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este. La mercancía habría sido transportada previamente desde el muelle de Puerto Plata.
En un allanamiento posterior, realizado el 21 de abril en el sector Valle del Este, las autoridades incautaron más televisores incluyendo equipos de la marca Samsung, DVR y otros dispositivos electrónicos.
Durante las operaciones también se ocuparon cinco camiones, una yipeta Hyundai Tucson, un arma de fuego, dinero en efectivo, un cheque por más de 700 mil pesos y documentos financieros relacionados con movimientos bancarios de altas sumas.
La audiencia para conocer las medidas de coerción fue fijada para este miércoles 29 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
Ana María Soto Gross
