Isabel Ciprian
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional retomó este lunes la audiencia preliminar contra los propietarios de la discoteca Jet Set, en un proceso marcado tanto por el retiro de varias querellas como por el reclamo firme de justicia de parte de víctimas y familiares.
La audiencia es presidida por el magistrado Reymundo Mejía y da continuidad a la jornada del pasado 20 de abril, cuando se oficializó el desistimiento de al menos diez acciones legales interpuestas contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López. Según la defensa, estos retiros responden a acuerdos conciliatorios que incluyeron compensaciones económicas para los afectados.
A pesar de esto, el Ministerio Público mantiene su acusación por homicidio involuntario. Sostiene que los imputados actuaron con negligencia al permitir una sobrecarga en la estructura del establecimiento sin los estudios técnicos adecuados.
En paralelo, miembros del denominado “Movimiento Jet Set”, integrado por sobrevivientes y familiares que rechazan acuerdos económicos, continúan exigiendo que el caso avance hasta un juicio de fondo. Argumentan que la pérdida de vidas humanas no debe resolverse mediante compensaciones.
Durante esta etapa, el tribunal sigue evaluando pruebas periciales que apuntan a que el colapso del techo habría sido causado por el peso excesivo de equipos instalados en la azotea, como sistemas de climatización y tanques de agua, a pesar de supuestas advertencias sobre fallas estructurales.
Se espera que el juez determine si existen elementos suficientes para ordenar la apertura a juicio, en un caso que ha reavivado el debate sobre la seguridad en centros de entretenimiento y la responsabilidad civil en el país.
La audiencia anterior, que se prolongó por unas ocho horas, estuvo marcada por tensiones entre las partes, incluyendo discusiones relacionadas con solicitudes de la defensa de uno de los implicados, Gregory Adames.
Hasta el momento, alrededor de 15 querellas han sido retiradas del proceso contra los hermanos Espaillat y la empresa E&L SRL, alegando falta de interés en continuar. No obstante, otros afectados han decidido seguir adelante con sus acciones legales.
En otro giro del caso, los abogados de la familia de Johanna Rodríguez, quien falleció junto a su esposo Eduardo Grullón, presentaron una querella particular en la que solicitan que el hecho sea calificado como homicidio voluntario, en lugar de involuntario como plantea el Ministerio Público.
El colapso del techo de la discoteca, ocurrido el 8 de abril de 2025 durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos, siendo una de las tragedias más impactantes en la historia reciente de la República Dominicana.
Ana María Soto Gross
