Isabel Ciprian
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, aseguró que el Ministerio Público mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que viole la ley, especialmente aquellas que afecten los recursos del Estado.
Sus declaraciones surgen en el contexto del proceso judicial contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación. Ortiz aclaró que este caso no representa el accionar general de los fiscales, destacando que la mayoría trabaja con compromiso y ética.
Asimismo, explicó que las investigaciones en las que participaba el imputado continúan su curso con normalidad, ya que los procesos son desarrollados de manera conjunta por equipos de trabajo, lo que garantiza su continuidad y seguimiento.
La procuradora también hizo un llamado directo a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto irregular cometido por funcionarios públicos, subrayando que la colaboración ciudadana es clave para proteger el patrimonio del Estado y fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana.
Ortiz ofreció estas declaraciones durante un receso de una audiencia preliminar en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, donde se conocen casos de presunta corrupción administrativa que involucran a figuras como Hugo Beras y José Ángel Gómez Cananaán.
En paralelo, el Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara, mientras continúan las investigaciones.
La lucha contra la corrupción administrativa sigue siendo un reto en el país, por lo que las autoridades han reforzado los mecanismos de control e investigación para sancionar prácticas como el soborno, la malversación de fondos y otras irregularidades que afectan la confianza en las instituciones públicas.
