Isabel Ciprian
Chelsy Bautista, hija de la reconocida comediante dominicana Cheddy García, presentó una querella formal con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República contra una fiscal y varios miembros de distintas instituciones armadas del Estado, por un operativo realizado en su residencia del Distrito Nacional.
La acción judicial fue depositada a través de su abogado, Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como contra varios agentes de organismos de seguridad, entre ellos miembros de la Policía Nacional de la República Dominicana, la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Allanamiento en su vivienda
De acuerdo con el documento legal, el incidente ocurrió el 23 de enero de 2026, alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando varios agentes se presentaron en el apartamento donde reside Bautista alegando que ejecutaban una orden de allanamiento.
Según la querellante, los agentes ingresaron de forma violenta al inmueble portando armas largas y apuntando hacia el interior del apartamento, lo que habría generado un ambiente de intimidación. Posteriormente, siempre según la denuncia, se determinó que la orden de allanamiento correspondía a otro apartamento dentro del mismo edificio.
Bautista también sostiene que durante la permanencia de los agentes en la vivienda desaparecieron varias prendas de oro, entre ellas una gargantilla y un guillo de 14 quilates de la marca Guy Monacó, las cuales, afirma, se encontraban en el apartamento antes de la intervención.
Señalamientos y solicitud de investigación
La denunciante explicó que decidió acudir a la justicia debido a lo que considera una falta de respuesta por parte de las autoridades ante sus denuncias públicas sobre el caso.
En la querella se señalan presuntas violaciones al Código Penal Dominicano, incluyendo violación de domicilio, robo, abuso de autoridad y asociación de malhechores. La parte querellante solicitó que, de comprobarse los hechos, se aplique la pena máxima correspondiente a los responsables.
Asimismo, se pidió la emisión de una orden de protección y alejamiento a favor de Bautista, quien afirma temer por su seguridad debido a que los señalados son agentes del Estado.
Reclamo de indemnización
Además de la acción penal, Bautista se constituyó en actor civil para reclamar una indemnización por los daños materiales y morales que asegura haber sufrido, así como por la angustia y la sensación de inseguridad que, según indica, la llevaron incluso a abandonar temporalmente su residencia.
La defensa legal solicitó al Ministerio Público realizar una investigación profunda que permita identificar a todos los participantes del operativo y someter a la justicia a quienes resulten responsables
Ana María Soto Gross
